Albert Camus: "A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad."

martes, 22 de mayo de 2018

La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro.


La construcción europea, iniciada tras la segunda guerra mundial (BENELUX, CECA, Tratado de Roma) ha supuesto sin duda el mayor reto político de los últimos tiempos. La Europa democrática y social que se planteaba en sus comienzos es bien diferente a la Unión Europea actual. Pese a ello, el impacto de la integración de España en la CEE primero y luego en la UE y en el euro ha sido enorme. Las consecuencias políticas y económicas han sido por lo general beneficiosas para nuestro país, y contribuyeron a modernizar las infraestructuras, las comunicaciones, la agricultura o  la formación. El esfuerzo que ha tenido que hacer el país para adaptarse a Europa ha sido muy duro, y ha mostrado también unas grandes diferencias con nuestros socios europeos (diferencias salariales, precios, influencia en la UE). Veamos cómo ha sido este proceso de integración:

En 1962, durante la dictadura franquista, España solicitó, por primera vez su integración en la CEE, pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como resultado se iniciaron unas negociaciones que llevaron al “Acuerdo Comercial preferencial” de 1970.

En 1977, establecido un sistema político democrático, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la integración plena en la CEE. En 1979 se iniciaron las negociaciones, a la vez que lo hacía Portugal, para la adhesión.

Fueron unas negociaciones largas y complicadas; por un lado coincidieron con un momento de crisis económica general y por otro algunos países plantearon ciertas exigencias, por ejemplo Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania la integración en la OTAN. En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar. Respecto a la entrada en la OTAN, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, (1982) aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» e inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). Además España y Portugal tenían un grado de desarrollo inferior a la media Europea.
 
Finalmente el 12 de junio de 1985 el Gobierno español firmó en Madrid el “Tratado y el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas”, que fue ratificado en el Congreso y en el Senado y en los parlamentos del resto de los socios comunitarios para entrar en vigor el 1 de enero de 1986.

La entrada de España en la CEE fue acogida con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista, con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco de relaciones económicas basadas en el librecambismo.

La integración en la CEE se hizo de forma gradual mediante un período transitorio. Durante ese periodo, paralelamente a la disminución de los aranceles, los diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la disminución drástica de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción naval, siderurgia... La contraprestación era la apertura para los productos españoles de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva.

Los países miembros de la CEE decidieron acelerar el proceso de construcción europea. El Acta Única Europea (1986) permitió el establecimiento de un verdadero mercado interior sin fronteras para los países de la CEE que posibilitaba la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Para asegurar la estabilidad en el seno de la CEE se aprobaron los denominados fondos estructurales, que han comportado el traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los estados menos desarrollados de la CEE, como España.

El proceso de integración en Europa dio un paso fundamental con la aprobación del “Tratado de la Unión Europea” o tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política económica común y el establecimiento de una moneda europea; para acceder a la moneda común los países miembros de la Unión Europea tuvieron que cumplir una serie de condiciones, especialmente el control de la inflación y del déficit público, que provocaron la adopción de unas duras políticas presupuestarias (recortes en el gasto educativo, disminución de las pensiones, reducción de las obras públicas, etc.). Fue la política de convergencia.

A partir de 1996, el gobierno del PP dio prioridad al cumplimiento de los  requisitos para acceder a la moneda única, además de poner en marcha distintos planes para alcanzar la convergencia real en renta y empleo. En 1999 se lograron los requisitos para acceder a la moneda única europea.

El euro entró definitivamente en la vida de los españoles el 1 de enero de 2002. Al evitarse los cambios la moneda única produjo menos costes en el comercio europeo pero la tendencia a la equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación en los menos competitivos entre ellos España.

Además de la puesta en circulación de la moneda única, la integración de España en la UE trajo otras implicaciones económicas basadas en la liberalización económica, el crecimiento económico y la modernización de las infraestructuras:

-La libre circulación de personas, mercancías y capitales por todos los países de la UE.

-El impulso tecnológico tanto de las empresas españolas al tenerse que convertir en empresas más competitivas como de las empresas extranjeras que se instalaron en España. Del mismo modo la liberalización económica, que puso fin al tradicional proteccionismo, obligó en los 80 a una dura reconversión al sector primario e industrial, necesitado de adaptarse a un mercado abierto y competitivo. 

-El principio de solidaridad y cohesión entre los países más pobres y los países ricos de la Unión trajo consigo los fondos europeos, pero si en principio España fue un país receptor de los mismos actualmente se ha convertido en contribuidor.

España se halla en la actualidad plenamente integrada en la UE. Aunque durante las últimas décadas los distintos gobiernos democráticos españoles han considerado prioritario la  política en Europa, la consolidación democrática trajo consigo nuevas líneas de actuación en el panorama internacional.

La vinculación con sus socios militares (OTAN) y económicos (CEE) la llevaron a participar en la guerra del Golfo (1990) o en el envío de tropas a Bosnia,Kosovo o Libano.

En Iberoamérica se apoyaron los procesos de democratización y se impulsó una política de cooperación y solidaridad, fundamentalmente durante la etapa de gobierno socialista (1982-1996). Se institucionalizó la Comunidad Iberoamericana de Naciones que celebrará Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno anuales. Pero a partir de 1996 y con los gobiernos del PP, España se convirtió en uno de los mayores inversores en Iberoamérica, principalmente en telecomunicaciones, energía y banca. Fueron perdiendo importancia las Cumbres.

En el Mediterráneo, se establecieron relaciones diplomáticas en Israel (1986) y se buscó la pacificación de la zona lo que culminó con la  histórica Conferencia de Paz sobre el Oriente próximo en 1991. Se intentó fortalecer las relaciones con Marruecos, no se reconoció a la República Saharaui pero tampoco se cuestionó la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque las relaciones con Marruecos, actualmente han mejorado siguen pasando por distintos altibajos. Tampoco se ha avanzado en el asunto de Gibraltar. Se cuidan especialmente las relaciones con Argelia, primer proveedor de gas natural. 
A  


ADurante el gobierno del PP se apostó por una política de seguridad y defensa, a la vez que se fortalecieron las relaciones con los EEUU. A partir de 2001 la orientación pronorteamericana se impone a la política europeísta produciéndose un distanciamiento de Francia y Alemania. España participa en las operaciones militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003). El centro de la nueva política pasó a ser la lucha contra el terrorismo internacional.

Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004). Tras la inicial retirada de las tropas en Irak, y con el retorno del PP de Rajoy en 2011 las relaciones con EEUU y la OTAN han seguido estrechándose y siendo de total colaboración. 

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la crisis de las hipotecas basura a nivel mundial, la Unión Europea, el FMI y el Banco Mundial intervinieron las economías de muchos países de la zona euro (Irlanda, Grecia, Italia) y finalmente España, desde entonces sometida a recortes del gasto público y a la llamada política de "austeridad". Contra estas políticas han sido frecuentes las marchas , movilizaciones sindicales, políticas y sociales, destacando el 15M desde 2011.
El auge de los deportes en España ha sido visto como metáfora de la modernización del país, cristalizando en las olimpiadas de Barcelona 92, de éxito rotundo. 





domingo, 20 de mayo de 2018

Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular


Las etapas políticas de la democracia española tras la muerte de Franco se articulan en torno a la alternancia entre el centro izquierda que representaría el PSOE de González primero y Zapatero después y las distintas variantes del centro derecha y la derecha conservadora representadas por la UCD de Suárez primero y el Partido Popular de Aznar y Rajoy después. La influencia de los nacionalismos catalán y vasco sería decisiva en los 90, mientras que el peso del PCE fue declinando, integrándose en 1986 en Izquierda Unida.

Gobiernos de la UCD de Adolfo Suárez (1977- 1981):

Durante este convulso e intenso período se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas y sociales, pero éstas se veían amenazadas  por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (terrorismo, sectores del ejército, la ultraderecha). La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se mantenía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social.

Suárez convocó nuevas elecciones generales en marzo de 1979, que confirmaron los resultados de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición. Pocas semanas después se convocaron las primeras elecciones municipales, en las cuales el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia.

En noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo. A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó.

Tras el golpe se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Los gobiernos de Felipe González 1982-1996: Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue AP, liderado por Manuel Fraga. Tanto UCD como el CDS sufrieron un descalabro. El PSOE mantuvo su hegemonía en sucesivas elecciones (autonómicas, municipales y generales de 1986, 1989 y 1993), hasta 1996.

Esta mayoría parlamentaria le permitió llevar a cabo, sobre todo en los primeros años, una política de modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social y generalizando la sanidad pública, implantando un nuevo sistema educativo (la LOGSE ampliaba hasta los 16 años la enseñanza obligatoria), y llevando a cabo una reforma fiscal. Algunas reformas que atentaban contra los pilares de la mentalidad franquista provocaron una grave polémica como la despenalización parcial del aborto, el reconocimiento de la objeción de conciencia y el servicio social sustitutorio.

En el terreno económico la lucha contra la inflación y el paro fueron objetivos fundamentales del gobierno y aunque se consiguió frenar la inflación (del 14% en 1982 al 8% en 1985), la lucha contra el paro fue un importante fracaso del gobierno socialista, que siguió creciendo hasta situarse en los niveles más altos de Europa, incrementado por una obligada reconversión industrial que forzó el cierre de numerosas empresas. El resultado fue un creciente descontento de los trabajadores que culminó en la jornada de huelga general del 14 de diciembre de 1988 que paralizó España.
El terrorismo, que apareció en los últimos años del franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político ni el estatuto de autonomía vasco (querían la independencia lo que ellos denominaban Euskalherria, que además de las tres provincias vascas comprendía Navarra y parte del País Vasco francés) siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados (en un primer momento solo atentaban contra los militares y los diferentes cuerpos de la política, pero posteriormente comenzaron a atacar a todos los sectores de la sociedad, como en el caso del atentado de Hipercor en Barcelona).

Para luchar contra ellos se creó, con apoyo del Estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) grupo terrorista que atentó contra militantes y simpatizantes de ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista, que al ser sacado a la luz (los responsables fueron juzgados y encarcelados) influyó decisivamente en la derrota socialista. Pero gracias al acuerdo entre los gobiernos de España y Francia (1984), la lucha contra ETA recibió un gran impulso (Francia negó asilo político a los terroristas de ETA, país que había sido el santuario de la banda durante años) confirmado con la firma del Pacto de Ajuria Enea(1988) por todos los partidos democráticos vascos. En 1989 el gobierno intentó una negociación con ETA, que fracasó (conversaciones de Argel).

Respecto a la política exterior, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la CEE, que preveía la entrada de España el 1 de enero de 1986.

Desde 1990 el descrédito del gobierno fue en aumento al hacerse públicos una serie de gravísimos escándalos que implicaban a dirigentes del PSOE: la financiación irregular del partido, el enriquecimiento ilegal de importantes dirigentes socialistas, algunos de los cuales tenían responsabilidades de gobierno (como Luis Roldán, director general de la Guardia Civil), las escuchas telefónicas a algunas personalidades políticas del país e incluso la guerra sucia contra ETA (los GAL). El clima político era muy agrio y crispado entre el PSOE y el PP. Finalmente, CiU retiró su apoyo al PSOE (en 1993 no había obtenido mayoría absoluta), y se convocaron elecciones generales en 1996.


Los gobiernos del PP de José María Aznar (1996-2004): Las siguientes elecciones se celebraron el 3 de marzo de 1996 y dieron una ajustada victoria al PP, aunque en el 2000 nuevas elecciones le darían la mayoría absoluta. Los años del gobierno de Aznar estuvieron marcados por éxitos y por fracasos. Se hizo una política económica, basada en una orientación neo-liberal, encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada, a la vez que se buscaban cumplir los criterios económicos de convergencia económica europea para poner en marcha la moneda única. El auge económico mundial, acompañó a esta política lo que permitió reducir el paro y sostener las pensiones.

El problema del terrorismo fue uno de los campos más complejos, sobre todo tras la crisis del verano de 1997, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP tras un ultimátum de ETA, provocó una gran movilización social.

El PNV y otras organizaciones nacionalistas vascas firmaron en septiembre de 1998 el Acuerdo de Lizarra para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro días después Eta declaró una tregua indefinida, que rompió tras algo más de un año. En el año 2000 se produjo una nueva escalada de atentados. Ante esta situación PP y PSOE firmaron un Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Pero en general la lucha contra el terrorismo fue positiva tanto en el campo policial, como en lo político o lo judicial (ilegalización de HB, detención de numerosos comandos, ataque a su aparato de financiación y a sus medios de comunicación, etc.).

Sin embargo en otras cuestiones su actuación política creó un fuerte rechazo de la sociedad, lo que a la postre provocó su derrota electoral. Asuntos como la guerra en Irak, su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional, la gestión del hundimiento del petrolero Prestige o la Ley de la Calidad de la Enseñanza fueron restándole apoyos. Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004):

 Tras ello, y pese a unos primeros años con políticas de mayor calado social (ley matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de memoria histórica), y el fin del terrorismo de ETA (formalizado en 2018) la crisis económica de 2008 se llevó por delante el gobierno socialista en 2011, surgió el movimiento 15M que supuso una sacudida de la sociedad y canalizó las protestas, protagonizadas por los jóvenes indignados pero también pensionistas y colectivos por todas las plazas del país.

Mariano Rajoy ganaría las elecciones en 2011 y gobierna hasta la actualidad, sacudida por las políticas de recortes y la salida de la crisis, los escándalos de corrupción, la relación de Cataluña con el resto del Estado y el auge de los nuevos partidos, Podemos primero con Pablo Iglesias al frente y Ciudadanos después con Albert Rivera.


miércoles, 9 de mayo de 2018

La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición.


Tras  la muerte del dictador Francisco Franco (20-11-1975), se inició un período fundamental de la Historia de España conocido como "La transición", en la cual se producirá un cambio gradual y relativamente pacífico desde una dictadura hacía el restablecimiento de la democracia con la Constitución de 1978 como hito fundamental. Este período suele darse por concluido en 1982, con la victoria del PSOE y la normalización  de la alternancia política.



El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos de Borbón es nombrado Rey de España según la ley de sucesión franquista. El rey, en los primeros momentos, avanzó con cautela. Una gran parte de la sociedad y de la clase política querían una ruptura total con la dictadura, pero el sector más inmovilista del régimen, el "búnker", se oponía a cualquier medida que pusiera en peligro el franquismo. Entre la ruptura y el inmovilismo, la opción de la reforma gradual fue la que finalmente triunfó.
Arias Navarro será confirmado por el rey en su cargo de presidente del gobierno, aunque lo cesará en 1976 por la lentitud de los cambios y avances democráticos, en un ambiente de creciente oposición política y movilizaciones por la democracia.
La oposición democrática (socialistas, comunistas, nacionalistas y democristianas), dentro y fuera de España, pedía una amnistía política, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos libres y elecciones libres.
 El rey  Juan Carlos, en julio de 1976 nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Suárez formó gobierno con los miembros más progresistas del Régimen y pilotó el proceso conocido como Transición democrática. Suárez, jefe político del Movimiento con Franco, y visto inicialmente como un continuista, mantuvo contactos con líderes opositores como Felipe González del PSOE y Santiago Carrillo del PCE, para convencerles de la necesidad de una transición pacífica, sin ruptura total, iniciando la llamada política de consenso.
En septiembre de 1976 Suárez presentó su Proyecto de Reforma Política que recogía la puesta en marcha de un régimen democrático. El proyecto fue discutido en las Cortes y fue aprobado con escasa oposición, aunque de hecho significaba al autoinmolación del franquismo como sistema político. Suárez convocó un referéndum el 15 de diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles.
En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la tensión se veía incrementada por la actuación de grupos violentos. Un grupo terrorista, el GRAPO, inició una campaña de atentados y secuestros. Los FRAP y el grupo ETA siguieron sus acciones y fueron un doloroso acompañamiento de todo el proceso de transición democrática. El 24 de enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE impresionó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a la legalización del PCE.


En febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. Suárez se reunió con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofreció su cooperación. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.
En las históricas elecciones constituyentes que se celebraron el 15 de junio de 1977 obtuvo la mayoría el partido creado por Adolfo Suárez, la UCD (Unión de Centro Democrático), aunque obtuvieron muchos votos los socialistas, y en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y los populares de Fraga. Tras ellas, las cortes aprobaron una histórica ley de Amnistía (octubre 77) concediendo la libertad a los presos políticos, pero dificultando, hasta el día de hoy, la investigación, derogación y reparación de los crímenes del franquismo y la guerra civil.

La Constitución de 1978:
La comisión constitucional creada tras las elecciones, buscaba el mayor consenso posible, de manera que los partidos más votados (UCD y PSOE) cedieron puestos a los minoritarios (nacionalistas catalanes, comunistas) e incluso a Fraga, de Alianza Popular, que provenían de la dictadura, pero no nacionalistas vascos. Los llamados padres de la Constitución de 1978 fueron Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez Llorca  (UCD), Gregorio Peces Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Miquel Roca (minoría catalana) y Fraga Iribarne (AP).
 Una vez redactada, la Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre con el 87,9 de votos afirmativos, aunque con diferencias entre comunidades). 

La Constitución establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes: 
- El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso de los diputados. El Presidente elige a sus ministros. 
- El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de representación territorial con menos atribuciones. Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal (mayores de 18 años). 
- El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional. 
-La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar. 
-Libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión, cátedra, educación...), de asociación (sindical y política) manifestación y huelga, y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional. 
- Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc. Así mismo el Estado debe favorecer la igualdad entre los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social y económico (derecho a la educación, al trabajo, la cultura y el deporte; al mantenimiento de la Seguridad Social y la protección de la salud pública; a una atención preferente de los discapacitados y la tercera edad).
- Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de muerte) o el deber del Estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio artístico.
 La característica más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado: así establece en su título octavo que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Se hace la distinción entre nacionalidades históricas, (Cataluña, País Vasco, Galicia) que accederían de una manera más rápida al autogobierno y regiones, que podrían acceder de una manera más lenta. El gobierno había establecido de forma provisional la autonomía de Cataluña y el País Vasco, las cuales, tras la aprobación de la constitución, ya en 1979, obtuvieron su autonomía por la vía rápida, al igual que Andalucia (tras el referéndum de 1980) y Galicia. El resto de comunidades  optaron por la vía lenta, y  accedieron a ella desde 1981 hasta 1983, conformándose las 17 actuales, a las que debemos añadir las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El traspaso de competencias desde el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UDC, del PSOE y del PP. El título octavo de la constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que a día de hoy sigue abierto.


El terrorismo durante la transición:
El terrorismo, muy extendido en toda Europa por aquellos años, fue muy activo en la transición española, condicionando los acontecimientos y llevando al Estado al límite.
-La extrema derecha,  los nostálgicos del franquismo, crearon un ambiente de inestabilidad para dificultar la transición democrática. Fueron suyos los más importantes ataques: la matanza de Atocha en 1977,  y sobre todo el golpe de Estado del teniente coronel Tejero el 23F de 1981. Ese día tenía lugar la votación para nombrar presidente a Leopoldo Calvo Sotelo tras la dimisión de Suárez. El golpe fracasó por el escaso apoyo militar y social, así como por la oposición del rey Juan Carlos.
-El terrorismo de ETA: Descontentos con la nueva situación política y con el estatuto vasco, reclamaban la independencia de Euskalherria, incluyendo Navarra y el País Vasco francés. Fue un terrorismo muy activo en la transición con cientos de atentados (policías, militares), "los llamados años de plomo" y fue evolucionando hacia atentados contra civiles y concejales (Atentado Hipercor Barcelona, concejales populares y socialistas vascos). Para frenar su expansión, el Estado creó durante los 80 los llamados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), quienes llevaron a cabo la llamada "guerra sucia" contra ETA, y cuyo descubrimiento fue fundamental en el declive socialista de los gobiernos de Felipe González.
-Con menor fuerza, durante la transición y años posteriores operaron grupos terroristas del tardofranquismo como los GRAPO o el FRAP, vinculados a la extrema izquierda.



martes, 24 de abril de 2018

La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco.


Los últimos años del franquismo vinieron marcados por las protestas laborales y estudiantiles, el avance de la oposición, la crisis política derivada de la agonía del régimen y de su fundador, la crisis económica tras 1973 y el aislamiento exterior del régimen.

La oposición al régimen fue creciendo a lo largo de la etapa final del franquismo. Hasta los 60 había quedado reducida  en lo político a la acción clandestina del PCE y los guerrilleros del maquis: 
-El movimiento obrero, a través de sindicatos clandestinos, pero con influencia e implantación, fueron principalmente CCOO, vinculado al PCE,y liderado por Marcelino Camacho, USO, cristiano o el nacionalista vasco ELA-STV.  Las huelgas fueron en aumento en las zonas industriales y mineras de Asturias, País Vasco, Madrid o Cataluña,  y en los transportes (una de las primeras fue la de los tranvías de Barcelona en 1951). Los sindicalistas sufrieron una intensa persecución y represión por parte del franquismo (proceso 1.001 contra CCOO). 
-El movimiento estudiantil universitario  durante los 60 experimentó un fuerte sentimiento de oposición política al régimen franquista, y fue acompañado de protestas  y huelgas como la de los profesores no numerarios o el enfrentamiento con el Sindicato oficial franquista en la universidad. Catedráticos como Aranguren o Tierno Galván protestaron con los estudiantes y fueron expulsados por ello. El ambiente del mayo del 68 francés y la música de los cantautores acompañaron estos agitados años universitarios en los que la represión policial era habitual. 

-El movimiento vecinal cobró gran fuerza en los barrios obreros de las grandes ciudades, exigiendo servicios básicos que no tenían (agua, colegios, centros médicos, incluso carreteras de acceso o casas).
-La oposición dentro del ejército, organizada en torno a la Unión Militar Patriótica. 

-La oposición política tradicional, liderada por el Partido Comunista de Santiago Carrillo, que abandonando el marxismo-leninismo, apostaba por el eurocomunismo y "la reconciliación nacional", pero que se mantuvo muy presente en todos los ámbitos laborales (a través de CCOO) y estudiantiles, gracias a sus miles de militantes y su gran actividad.
-El PSOE, dividido entre el exilio y los militantes del interior, cobraría fuerza desde que Felipe González lo comenzara a liderar tras el congreso de Suresnes en 1974, beneficiado de sus conexiones y apoyos europeos. 

-Los políticos de centro-derecha liberal, distanciados del régimen, demandaban aperturismo, destacando GIl-Robles, Satrústegui o Ruíz Giménez. Una reunión que mantuvieron en Alemania con miembros de la oposición en el exilio (socialistas, liberales, republicanos y nacionalistas) fue aprovechada por el régimen para cargar duramente contra la oposición ("El contubernio de Múnich") siendo condenado internacionalmente, y quedando la solicitud de ingreso en la CEE sin ninguna posibilidad.
-Los nacionalismos estuvieron presentes en muchas reivindicaciones y manifestaciones culturales, y especialmente activo en la universidad y vinculado a los canción-protesta. En el País Vasco subsistía el PNV en el exilio, pero un grupo de jóvenes se distanciaron del partido por moderado y crearon E.T.A: (Euskadi y Libertad) y apostaron por el socialismo y la lucha armada contra el Estado español, estando destinada a durar muchas décadas y con cerca de 900 muertos. Grupos nacionalistas moderados subsistieron o aparecieron en Cataluña, destacando ERC o CDC.
-Otros grupos que apostaron por el terrorismo y la lucha armada fueron el FRAP o los GRAPO, vinculados al antifascismo y a los partidos marxistas-leninistas escindidos del PCE por su revisionismo. 

La Crisis final del régimen franquista (1970-1975):

En 1969 el escándalo de corrupción de Matesa (aireado por una prensa  que desde la ley de 1966 del ministro Fraga Iribarne había aumentado su independencia relativa) provocó una crisis ministerial. Franco cesó a los ministros tecnócratas, vinculados al caso, y a sus oponentes, y formó un nuevo gobierno monocopolor (todos eran del Opus Dei, destacando López Rodó) y nombrando Vicepresidente a Carrero Blanco. Del mismo modo Franco nombró al príncipe Juan Carlos su sucesor a título de rey, jurando este la Ley de Principios del Movimiento Nacional. 
 
En 1973, Franco, con graves problemas de salud, nombraba un nuevo gobierno en el que abandonaba la presidencia por primera vez, legando el cargo al Almirante Carrero Blanco, asesinado meses después por ETA en Madrid. 

En política exterior se firmó en 1970 un Acuerdo preferencial para la entrada en la CEE que no se concretaría hasta 1985.  En los últimos años de la dictadura las relaciones exteriores se complicaron por la política represiva del franquismo, acompañada de la caída de dictaduras similares en Portugal (revolución de los claveles) o Grecia, lo que hacía más visible el aislamiento del régimen. 
El final del régimen franquista, paralelo a la enfermedad del dictador, se precipitó tras la crisis económica del petróleo desde 1973, así como por el aumento de la conflictividad social, el terrorismo,las protestas dentro y fuera de España por la aplicación de la pena de muerte (ejecución de Salvador Puig Antich), enfrentamientos con los obispos vascos o la Marcha Verde (invasión pacífica del Sahara español por Marruecos). 

El tímido aperturismo iniciado por Arias Navarro (sucesor de Carrero Blanco) con "El espíritu del 12 de febrero" , que suponía la legalización de las asociaciones políticas, fue frustrado por los sectores más reaccionarios e inmovilistas del régimen, el llamado "búnker"opuesto a toda concesión.
Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975 poniendo punto y final al régimen franquista, a pesar de lo cual su sombra ha sido y es alargada.