Tras la muerte
del dictador Francisco Franco (20-11-1975), se inició un período
fundamental de la Historia de España conocido como "La transición", en la cual se producirá un cambio gradual y
relativamente pacífico desde una dictadura hacía el restablecimiento de la
democracia con la Constitución de 1978 como hito fundamental. Este período
suele darse por concluido en 1982, con la victoria del PSOE y la
normalización de la alternancia
política.
El 22 de noviembre de 1975 don
Juan Carlos de Borbón es nombrado Rey de España según la ley de sucesión
franquista. El rey, en los primeros momentos, avanzó con cautela. Una gran
parte de la sociedad y de la clase política querían una ruptura total con la dictadura, pero el sector más inmovilista del
régimen, el "búnker", se
oponía a cualquier medida que pusiera en peligro el franquismo. Entre la ruptura y el inmovilismo, la
opción de la reforma gradual fue la que finalmente triunfó.
Arias Navarro será confirmado por el rey en su cargo de presidente del
gobierno, aunque lo cesará en 1976 por la lentitud de los cambios y avances democráticos, en un ambiente de
creciente oposición política y movilizaciones por la democracia.
La oposición democrática
(socialistas, comunistas, nacionalistas y democristianas), dentro y fuera de
España, pedía una amnistía política, la legalización de todos los partidos
políticos, sindicatos libres y elecciones libres.
El
rey Juan Carlos, en julio de 1976 nombró
a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Suárez formó gobierno con los miembros
más progresistas del Régimen y pilotó el proceso conocido como Transición
democrática. Suárez, jefe político del Movimiento con Franco, y visto
inicialmente como un continuista, mantuvo
contactos con líderes opositores como Felipe González del PSOE y Santiago
Carrillo del PCE, para convencerles de la necesidad de una transición pacífica,
sin ruptura total, iniciando la llamada política de consenso.
En septiembre de 1976 Suárez presentó su Proyecto de Reforma Política
que recogía la puesta en marcha de un régimen democrático. El proyecto fue
discutido en las Cortes y fue aprobado con escasa oposición, aunque de hecho
significaba al autoinmolación del franquismo como sistema político. Suárez
convocó un referéndum el 15 de diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera
también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles.
En tanto que se aceleraba el
progreso de la democratización, la tensión se veía incrementada por la
actuación de grupos violentos. Un grupo terrorista, el GRAPO, inició una
campaña de atentados y secuestros. Los FRAP y el grupo ETA siguieron sus
acciones y fueron un doloroso acompañamiento de todo el proceso de transición
democrática. El 24 de enero de 1977,
terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas
en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE
impresionó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a
la legalización del PCE.
En febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos
políticos. Suárez se reunió con Carrillo. A cambio de la legalización,
Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofreció su cooperación. El 9 de abril, cuando la mayoría de la élite
política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana
Santa, Suárez anunció la legalización del PCE.
En las históricas elecciones constituyentes que se
celebraron el 15 de junio de 1977 obtuvo la mayoría el partido creado por
Adolfo Suárez, la UCD (Unión de Centro Democrático), aunque obtuvieron muchos votos los socialistas, y
en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y los
populares de Fraga. Tras ellas, las cortes aprobaron una histórica ley de
Amnistía (octubre 77) concediendo la libertad a los presos políticos, pero
dificultando, hasta el día de hoy, la investigación, derogación y reparación de
los crímenes del franquismo y la guerra civil.
La Constitución de 1978:
La comisión constitucional creada tras las elecciones, buscaba el mayor
consenso posible, de manera que los partidos más votados (UCD y PSOE)
cedieron puestos a los minoritarios (nacionalistas catalanes, comunistas) e
incluso a Fraga, de Alianza Popular, que provenían de la dictadura, pero no
nacionalistas vascos. Los llamados padres de la Constitución de 1978 fueron Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez
Llorca (UCD), Gregorio Peces Barba
(PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Miquel Roca (minoría catalana) y Fraga Iribarne
(AP).
Una vez redactada, la
Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre con el 87,9
de votos afirmativos, aunque con diferencias entre comunidades).
La Constitución establece que la forma política del Estado es una monarquía
parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente
separados los tres poderes:
- El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso
de los diputados. El Presidente elige a sus ministros.
- El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los
Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de
representación territorial con menos atribuciones. Ambas cámaras son elegidas
por sufragio universal (mayores de 18 años).
- El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el
Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional.
-La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados
a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del
bienestar.
-Libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión,
cátedra, educación...), de asociación (sindical y política) manifestación y
huelga, y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional.
- Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por
razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc. Así mismo el Estado debe favorecer la igualdad entre
los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social
y económico (derecho a la educación, al trabajo, la cultura y el deporte;
al mantenimiento de la Seguridad Social y la protección de la salud pública; a
una atención preferente de los discapacitados y la tercera edad).
- Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de
muerte) o el deber del Estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio
artístico.
La característica más novedosa es la relativa
a la descentralización del Estado:
así establece en su título octavo que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades
autónomas. Se hace la distinción
entre nacionalidades históricas, (Cataluña, País Vasco, Galicia) que accederían
de una manera más rápida al autogobierno y regiones, que podrían acceder de una
manera más lenta. El gobierno había establecido de forma provisional la autonomía de Cataluña y el País Vasco, las
cuales, tras la aprobación de la constitución, ya en 1979, obtuvieron su
autonomía por la vía rápida, al igual
que Andalucia (tras el referéndum de 1980) y Galicia. El resto de comunidades optaron
por la vía lenta, y accedieron a ella
desde 1981 hasta 1983, conformándose las 17 actuales, a las que debemos añadir
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El traspaso de competencias desde
el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a
lo largo de los gobiernos de UDC, del PSOE y del PP. El título octavo de la
constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes
sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que a
día de hoy sigue abierto.
El terrorismo durante la transición:
El terrorismo, muy extendido en
toda Europa por aquellos años, fue muy activo en la transición española,
condicionando los acontecimientos y llevando al Estado al límite.
-La extrema derecha, los
nostálgicos del franquismo, crearon un ambiente de inestabilidad para
dificultar la transición democrática. Fueron suyos los más importantes ataques:
la matanza de Atocha en 1977, y sobre
todo el golpe de Estado del teniente coronel Tejero el 23F de 1981. Ese día
tenía lugar la votación para nombrar presidente a Leopoldo Calvo Sotelo tras la
dimisión de Suárez. El golpe fracasó por el escaso apoyo militar y social, así
como por la oposición del rey Juan Carlos.
-El terrorismo de ETA: Descontentos con la nueva situación política
y con el estatuto vasco, reclamaban la independencia
de Euskalherria, incluyendo Navarra y el País Vasco francés. Fue un terrorismo muy activo en la transición con
cientos de atentados (policías, militares), "los llamados años de
plomo" y fue evolucionando hacia atentados contra civiles y concejales
(Atentado Hipercor Barcelona, concejales populares y socialistas vascos).
Para frenar su expansión, el Estado creó
durante los 80 los llamados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), quienes
llevaron a cabo la llamada "guerra sucia" contra ETA, y cuyo
descubrimiento fue fundamental en el declive socialista de los gobiernos de
Felipe González.
-Con menor fuerza, durante la
transición y años posteriores operaron grupos terroristas del tardofranquismo
como los GRAPO o el FRAP, vinculados a
la extrema izquierda.
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